Todo comenzó en el año 2016 cuando decidió impulsar dentro de su vereda la sustitución de cultivos ilícitos.
Una apuesta arriesgada, puesto que la coca ha supuesto en su territorio el principal motor económico, otorgándoles infraestructuras, vías o educación. Elisa, sin embargo, siempre fue consciente de que, lo que para ellos suponía progreso, le estaba haciendo mucho daño al país y sobre todo a los jóvenes. Apostó por liderar la sustitución de cultivos dentro de un proceso de socialización en su comunidad. Un proyecto productivo amparado por el Gobierno que prometía proporcionarles una compensación económica a largo plazo para garantizar el alimento y la puesta en marcha de huertas caseras.
De esta manera, los campesinos cumplieron con su parte procediendo a la eliminación de la coca del territorio. Sin embargo, las ayudas estatales prometidas no llegaron, y en junio de 2018 Elisa se vio obligada a dejar su comunidad tras recibir una amenaza directa por parte de los grupos armados que allí operan.
Así, tuvo que reconstruir su vida desde cero, junto a uno de sus cuatro hijos que cuenta con tan solo 14 años. Asegura no poder acostumbrarse a la vida de ciudad, lejos de la tierra y los productos que ésta proporciona para comer. “A mis 42 años, ya no me da para reconstruir todo lo que perdí después de tantos años de trabajo”.
Desde que abandonó su comunidad, el anhelo por regresar le acompaña día y noche y, aunque hoy ve lejano su regreso, asegura tener esperanza. Dice sentirse igualmente engañada por el Estado y haber actuado siempre por el bien de su comunidad, llevando todas las decisiones a consulta y votación. Un sueño lejano en el que no deja de creer. “Sé que eso se va solucionar. Créanme, no me he podido adaptar a la vida del pueblo. Yo soy campesina a mucho honor y lo quiero seguir siendo”.
La situación de vulnerabilidad de Elisa y su hijo se atendió desde el proyecto “Asistencia Humanitaria para comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia armada y/o desastres naturales en la región Pacífica y los departamentos de Meta y Guaviare”, financiado por el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y ejecutado por el consorcio de organizaciones Fundación PLAN, Médicos del Mundo y Alianza por la Solidaridad. Recibió apoyo en seguridad alimentaria, además de una cuota, a fin de sufragar su estadía en el municipio por un periodo de dos meses. También ha recibido asesoramiento sobre los derechos que le amparan como víctima del conflicto armado y sobre la posibilidad de declarar estos derechos ante la Fiscalía General de la Nación. Elisa, sin embargo, se niega a hacer ninguna declaración pública por falta de confianza, lo que la convierte en una desplazada sin voz. No obstante, su inscripción en el Registro Único de Víctimas, le permite seguir recibiendo ayuda humanitaria y asesoramiento.
