Un equipo formado por profesionales de las organizaciones Fundación PLAN, Alianza por la Solidaridad y Médicos del Mundo, como parte del consorcio ECHO para el proyecto “Asistencia Humanitaria para comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia armada y/o desastres naturales en la región Pacífica y los departamentos de Meta y Guaviare”. Nuestro destino es un municipio a 3-4 horas de la capital del Guaviare, dependiendo del estado en que se encuentre la carretera, ya que el acceso no es fácil.
Allí nos esperan cinco mujeres venezolanas de diferentes edades, aproximadamente entre los dieciocho y los treinta y cinco años. Quienes son víctimas de una red de trata de blancas que opera en este municipio, al igual que unas sesenta migrantes venezolanas más. Todas son traídas desde Arauca, en la frontera con el país vecino, con el mismo propósito. Su situación de vulnerabilidad, la ausencia del Estado y el rechazo por parte de vecinos y autoridades en la región, son algunos de los factores que permiten que sean explotadas sexualmente y marginadas.
Hablamos con ellas para evaluar su situación, y nos damos cuenta de que viven inseguras, asustadas, creen que no pueden salir tranquilamente a la calle por el temor a ser deportadas, y es que ya han sido amenazadas con este propósito en diferentes ocasiones. Desconocen sus derechos, desde las instituciones no han recibido información acerca de su situación como inmigrantes en Colombia. Son marionetas de quienes las han convertido en un negocio rentable y víctimas anónimas de una red controlada por el tráfico de cocaína y los grupos armados que allí operan, de donde surgen sus principales clientes. Viven como esclavas sexuales, y parece que aquí no se sabe, o no se quiere saber, lo que está ocurriendo.
Desde el proyecto de el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) se las atendió proporcionando consulta médica a sesenta y dos mujeres, haciendo citologías a cuarenta y cinco de ellas y entregando métodos de planificación a cincuenta y seis. Por otro lado, recibieron una formación sobre hábitos de higiene saludables, se les entregó kits de alimentos y de higiene a todas ellas y se dejó filtros de agua en los lugares de trabajo. También recibieron asesoramiento legal por parte del equipo, se les informó sobre sus derechos y obligaciones como inmigrantes y cómo acceder al permiso especial de permanencia.
Sabemos que el apoyo proporcionado por este proyecto es útil para que estén más informadas y mejoren su calidad de vida. Sin embargo, nos despedimos de ellas con una sensación amarga, siendo conscientes de que difícilmente podemos darles voz y que su situación no va a cambiar sin la implicación del Estado y las instituciones. La crisis migratoria en Venezuela es ya una realidad y afecta a todo el territorio colombiano.
